Un informe de los procuradores y Sigma Dos señala que en 2019 sólo se habían ejecutado una de cuatro resoluciones civiles
Por Equipo de redacción de Economist & Jurist.
El Consejo General de Procuradores de España (CGPE) ha presentado esta mañana un demoledor informe en el que se destaca que en España se han dejado de ingresar 10.742 millones de euros por la no ejecución de sentencias de contenido económico.
El informe, realizado junto a Sigma 2, enfatiza que uno de los grandes problemas de la justicia española es el trámite en la ejecución de sentencias. Según este documento, son muchos los casos en los que, tras obtener una sentencia favorable, esta ejecución sufre un gran retraso. El plazo medio en ejecutar una sentencia en Hungría, Estonia, Lituania, Bélgica, Escocia, Francia y Luxemburgo va de los ocho días a los seis meses. En España de seis a 12 meses. Solo Grecia supera este periodo: de 12 a 15 meses.
Según se ha desvelado en la presentación del informe, los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial en España, referidos a 2018 y 2019, apuntan a que “en 2019 sólo se habían ejecutado una de cuatro sentencias civiles que estaban en trámite durante ese año”. Aproximadamente el 60% del total de sentencias civiles tramitadas son sentencias de ejecución dineraria, que tienen un importe medio de 10.000 euros.
Baja ejecución
Con estos datos, en 2019 la tramitación de estas sentencias representaba un volumen global de, prácticamente, 14.500 millones de euros. De esta cifra, a finales de 2019 solo se habían ejecutado sentencias por valor de poco más de 3.500 millones de euros. “Por tanto, según la estimación del impacto económico de estos retrasos, se habrían dejado de ingresar casi 11.000 millones de euros”, explican los responsables del informe. Estonia y Bélgica se posicionan como los países con mayores tasas de ejecución de sentencias, llegando en algunos casos al 85%. También hay un segundo grupo de países, con tasas de entorno al 40-60%, como son Francia, Países Bajos, Luxemburgo, y Lituania, donde se logra acabar con éxito la mayoría de los procedimientos de ejecución. Este no es el único ámbito en el que el informe saca los colores al funcionamiento de la justicia. Los países antes citados, junto a Bélgica, son los que disponen de una mayor implementación de medios telemáticos y digitales para agilizar las diferentes fases del proceso. Sin embargo, esta comparativa deja a España como el país de su entorno con los niveles más bajos de implantación de medios digitales para la ejecución de sentencias., lo que parece que deja una correlación clara entre la implementación de medios digitales (léase inversión) y la eficacia del sistema.
Más implicación de los procuradores
El informe resalta que España es el único país de su entorno en el que la ejecución de las resoluciones no depende del procurador. Esto sería una de las claves para explicar, a juicio de los procuradores, el problema que hay a la hora de ejecutar las sentencias. De este modo, aseguran que la centralización de la última fase judicial en esa figura supondría más rapidez y eficiencia, sobre todo si esta medida se ve acompañada de la necesaria inversión en herramientas digitales. En relación con esta afirmación, el CGPE, presidido por Juan Carlos Estévez, pide una reforma de la legislación que les atribuya funciones parecidas a las que ya ejercen sus homólogos en otros países. En concreto, se refieren a notificar la situación a los deudores, evaluar las medidas a aplicar para garantizar el cobro de la deuda, así como practicar los embargos, subastas, etc. «El conjunto de medidas que se podrían adoptar para mejorar la eficiencia en la ejecución de sentencias en España estaría la de asimilar la figura del procurador a nivel de competencias a la de sus homólogos europeos (capacidad ejecutiva) así como trabajar en una mayor implantación de medios o herramientas digitales», concluye el informe.
